CiU y la estrategia oculta

«En el mataero’ pagan por poner gordo al rebaño, y los borregos ignoran que en el pastor está el engaño» (Tientos)

«No se dispararon balas de goma», Felip Puig, responsable de Interior de la Generalitat de Catalunya (2010-2012). En la imagen, Ester Quintana en la manifestación de la huelga general en Barcelona el 14 de noviembre de 2012 tras recibir el impacto de una bala de goma | Foto: Edu Bayer

El próximo 25 de noviembre, los catalanes que viven en Catalunya, los no catalanes que también vivimos aquí y los catalanes por el mundo que así lo deseen, volvemos a tener la oportunidad de votar en unas elecciones autonómicas. A pesar de ser bastantes los que veíamos claramente que no acabaría el año sin que tuviésemos que pasar por las urnas para escoger nuevo (des)gobierno para la Generalitat, muchos pusieron cara de sorpresa. Desde grupos políticos que eligieron a sus presidenciables a toda prisa hasta botiguers y burguesitos que tan conservadores son para todo menos para lo suyo propio.

Los políticos, como no, empezaron su periodo de precampaña. Unos pidiendo dinero a sus diputados para costearla. Otros dando un golpe de gracia con una estrategia increíble en su filosofía cristiana y convergente: la independencia. Y a estos últimos, de momento, la estrategia parece que les está funcionando. Empezó con el viaje de Mas a tierras madrileñas para defender sus posturas ante el gobierno centralista del Reino en la reunión de presidentes autonómicos, de la que volvió a tierras esteladas falsamente victorioso y donde fue recibido entre proclamas y gritos a la puerta de la casa del pueblo. Sí, esa casa que tiene secuestrada, esa que el pueblo no puede pisar, esa misma de la que somos expulsados a empujones si osamos acercarnos. Estrategia, decía. Es buena. Es la estrategia de la cortina de humo. Fum, fum, fum, ahora que llega la navidad.

Esa cortina tapa recortes, repagos, censuras informativas, xenofobia, clasismo, desigualdades, terrorismo de Estado. Y muchos tragan. Porque quieren su independencia. Y en cortinas de humo se nos pierde lo importante, claro. En la manifestación convocada para la jornada de huelga del pasado 14 de noviembre, en Barcelona, los Mossos d’Esquadra pusieron en práctica la estrategia del divide y vencerás y les salió perfectamente. Es cierto que había tres convocatorias para la manifestación de las 18.00, y es cierto que no hubo acuerdo para que acabaran unificadas, pero la barricada de lecheras que los chicos de Felip Puig instalaron en el centro de Paseo de Gracia hacía totalmente imposible que uno de esos tres grupos pudiese acceder al punto en el que se encontraban los otros dos. Al final, quedamos grupos desperdigados y acorralados en una ratonera, y como ratones que éramos acabaron jugando con nosotros al gato y al ratón: salieron de caza.

Portada del diario El Mundo del viernes 16 de noviembre de 2012

La cortina de humo, decíamos. Necesitan que sea bien grande porque cada día alguien descubre nuevos temas oscuros en los que CiU tiene un papel protagonista considerable. La última es esa noticia que ha aparecido en la portada de El Mundo sobre el informe que ha realizado la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF): resulta que ciertas empresas constructoras pagaban a cambio de adjudicaciones de obras de la Generalitat. Pagos ilegales, evidentemente. Que se realizaban a Convergéncia Democràtica de Catalunya (CDC), y que ascendían al 4% de cada adjudicación a través de la trama del Palau. Esos dineros han acabado en depósitos bancarios suizos que están a nombre de los dirigentes de la coalición convergente y unionista, especialmente Artur Mas y la familia de Jordi Pujol: también aparecen los nombres de Marta Ferrusola (la esposísima) y Oriol Pujol (el pubillo). Lógicamente, el nombre de Félix Millet y sus socios en el Palau, Jordi y Gemma Montull, vuelven a asomar porque también se beneficiaban de esas comisiones.

La cortina de humo. Solo hay que prestar atención. Veréis cómo se disipa, veréis la estrategia oculta.

CiU y PP, relaciones de puro teatro

A pesar de las reiteradas discusiones que han mantenido en público, lo cierto es que esas tensiones entre PP y CiU no son más que puro teatro. En el Congreso han sabido encontrar el consenso hasta en 156 votaciones diferentes. Entre todas esas votaciones se encuentran las reformas financiera, presupuestaria y tributaria. También la laboral, a lo que hay que sumar la posterior oposición conjunta a la interposición de un recurso de inconstitucionalidad a la misma.

Y la lista es larga, claro: aplicación del euro por receta; creación de la tasa turística; incremento de las tasas universitarias de ciclos formativos superiores de Formación Profesional; reducción de la Renta Mínima de Inserción (RMI) y recorte de sueldos (la famosa paga extra) a los funcionarios (altos cargos no, claro); privatización de empresas públicas  como Aguas Ter-Llobregat; supresión del impuesto de sucesiones a los más ricos; subida del IRPF y del IVA; modificación de la ley sobre la elección de la dirección de RTVE; oposición a la interposición de un recurso de inconstitucionalidad a los reales decretos ley de sanidad y educación.

Con la Ley Ómnibus modificaron 80 leyes en una única votación, algo que expertos en derecho denunciaron como “técnicamente cuestionable” ya que «se vulnera el principio de homogeneidad material que establece el reglamento del Parlament». A esto debe sumársele la reducción del plazo de audiencia pública de 15 días a una semana «sin que esté justificada la urgencia, ya que vulnera la ley 13/2008 de la Presidència de la Generalitat y el Govern». Además de estarse infringiendo un principio constitucional según algunos juristas, ya que «con esta fórmula se hurta el debate parlamentario».

Rescata la banca

#LaCaixaMata | Diseño de Álvaro Valiño, @alvarovalino | Noviembre 2012

CiU ha apoyado al PP en el rescate de los bancos (Decreto Ley 2/2012), lo que ha supuesto la transferencia de nuestros recursos públicos para que asumamos entre todas sus pérdidas. La creación del “banco malo” ha sido otro de los puntos de encuentro entre ambos partidos; el problema es que puede acabar convirtiéndose en una monumental estafa por la vía de socializar pérdidas y privatizar luego beneficios. No olvidemos que también se apoyaron en la aprobación de la ley de estabilidad presupuestaria para cumplir con las exigencias europeas respecto al déficit.

Desahucio y todos a la calle

CiU votó a favor del Decreto Ley 6/2012 referido a los deudores hipotecarios, que cerró la puerta a las propuestas de dación en pago. Curiosamente, ahora que estamos en plena campaña, Artur Mas aduce que su gobierno no ha podido hacer nada al respecto porque está atado de pies y manos, por eso reivindica el Estado propio (independencia es un término que no emite su boca) para Catalunya: «si eso ya fuera una realidad, el tema de los desahucios estaría resuelto en Catalunya hace muchos meses», afirmó vehementemente hace pocos días.

Lo cierto es que, con la connivencia del PPC, se han permitido en territorio catalán más de 100 desahucios al día. Tanto Govern como diferentes ayuntamientos defienden que no hay pisos vacíos con los que poder hacerles frente. Y curiosamente, la Consejería de Vivienda calcula que hay unos 4.000 pisos vacíos. De todas maneras no es difícil hacer unos números aproximados para tener una idea: a una media de 10 desahucios por día, por 200 días hábiles, por cuatro (4) años de crisis, blanco y en botella.

Privatización de infraestructuras

Con el voto a favor del Decreto Ley 22/2012 de infraestructuras y servicios ferroviarios, CiU abre la puerta a la privatización de estos servicios. Recientemente formalizaron la venta de la gestión de Aigües Ter Llobregat (ATLL) a Acciona para los próximos 50 años; gracias a esta operación veremos incrementar nuestro recibo un 23% a partir de enero de 2013. Pero no se quedan ahí. El Hospital Clínic es otro de los objetivos de su programa en el caso de ganar las elecciones del domingo 25N. Lo cierto es que se habla hasta de la intención de privatizar el Institut Català de la Salut (ICS), algo que niegan repetidamente.

La voluntad de los mercados, Artur Mas, candidato de CiU | Pegatina que se encontraba en las calles de Barcelona durante los días previos a las elecciones del 25 de noviembre de 2012 para la Generalitat de Catalunya

Pero escarbo y encuentro unas informaciones que aparecieron durante el pasado mes de enero y que han tenido una evolución extrañamente extraña, no sé si me explico. Resulta que los laboratorios del ICS estaban en peligro de desaparición. Lo que significa que el trabajo que ellos hacen debía ser externalizado. Lo que significa que pasaría a ser cubierto por el sector privado.

Aquí aparece el nombre de la multinacional Labco, de la que en esa fecha era vicepresidente y consejero delegado para España y Portugal Albert Sumarroca, hijo de Carles Sumarroca, amigo íntimo de Jordi Pujol y miembro fundador de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Además, Sumarroca hijo es un buen amigo del President Mas. Labco en realidad es una multinacional francesa de laboratorios médicos, a la que se unió General Lab en el año 2007. Y General Lab pertenecía a Sumarroca hijo.

Uno de los principales clientes de Labco era USP Hospitales: en su consejo estaba Josep Prat hasta enero de 2012. Josep Prat, sí, el presidente del ICS. Bueno, ex, porque dimitió el pasado mes de junio: le acusaron de malversación de fondos. Que también había sido director general del grupo Innova, el holding de empresas municipales públicas del ayuntamiento de Reus. De aquí desfalcó nada menos que 600.000 euros al Fondo Europeo de Desarrollo Regional. No perdía comba.

En fin, que me pierdo en detalles, a lo que iba. Tras esta historia de amistades convenientes, resulta que Labco consigue un nuevo inversor —el fondo británico 3i— que aporta 140 millones de euros para que la multinacional crezca en Europa. Con esto, los Sumarroca recortaban su participación en Labco. Aunque no les debía preocupar demasiado, ya que —por lo menos en esas fechas— un 60% de la compañía de servicios Emte era de su propiedad, tras la salida de Agbar y la entrada de Banco Sabadell y Caja Madrid; controlaban la inmobiliaria Teyco; contaban con un negocio de elaboración de vinos y formaban parte de la sociedad Agromillora Catalana.

Para cerrar esta telenovela, a principios del pasado octubre aparece publicada una noticia en la que se cuenta que Sumarroca y 3i ponen a la venta el grupo Labco por 1.000 millones de euros. Noticia en la que se alaban los maravillosos resultados que está teniendo la empresa. Pero todo esto ya lo sabíais, supongo.

Pegatina de la campaña Prou peatges #novullpagar | http://www.proupeatges.cat

Volviendo al tema de las privatizaciones de infraestructuras, también entra en sus planes la de las empresas públicas Tabasa (que explota la autopista de Sant Cugat) y Túnel del Cadí. En este punto es importante recordar que, excepto la AP7 y la AP2, que son estatales, el resto de peajes en Catalunya fueron obra del gobierno de Jordi Pujol, que adjudicó tanto la construcción como la gestión de los peajes a la empresa Abertis. Por si alguien aún no lo sabe, Abertis es propiedad de la Caixa y su presidente es Salvador Alemany —anteriormente al frente del lobby Círculo de Economía—; también preside el Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica de Catalunya (CAREC) del gobierno de Mas.

Dos velocidades para la Sanidad

El total del presupuesto de Sanidad es de 9.866 millones de euros, 900 millones menos que el ejercicio pasado. Si CiU gana las elecciones, seguiremos notando cómo merman los servicios sanitarios: quieren reducir un 15% más el presupuesto de 2013. Porque la reducción presupuestaria ya se ha notado. Por citar uno de tantos ejemplos: los cierres y reducciones horarias que el consejero de Sanidad, Boi Ruiz, ha hecho en decenas de Centros de Atención Primaria (CAP), además de la eliminación de los servicios de urgencias nocturnos en numerosos hospitales. También eliminó el plazo máximo de seis meses para conseguir fecha de entrada a un quirófano. Las listas de espera, consecuentemente, han aumentado de manera considerable. Algo así como promover la eutanasia encubierta, vamos. Ya son tres las muertes en Catalunya que se relacionan directamente con el efecto de estos recortes.

Curiosamente, la famosa Ley Ómnibus permite que centros privados sanitarios alquilen los quirófanos que los recortes mantienen cerrados en centros públicos, con el fin de operar a aquellos pacientes que tengan posibilidades económicas y puedan pagar por su salud. A esto hay que añadir el secreto a voces que sobrevuela Catalunya desde ya hace un tiempo: la reforma privatizadora de los ocho hospitales públicos que gestiona la Generalitat: Vall d’Hebron y Bellvitge en Barcelona; Trias i Pujol en Badalona; Josep Trueta en Girona; Joan XXIII en Tarragona; Arnau Vilanova de Lleida; Verge de la Cinta en Tortosa; y el Viladecans. Boi Ruiz les impuso, desde su entrada en el gobierno, recortes mucho más duros que al resto de centros.

Recortes en los hospitales catalanes; comparativa de los años 2010 y 2011 | Fuente: Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya publicado por El País

Pero hay muchas más perlas. Según el Informe 22/2006 de la Sindicatura de Comptes, en 2003 el Servei Català de la Salut donó 2,3 millones de euros a la fundación privada Recerca Oncològica irregularmente ocultando los datos; también entregó 300.506 euros en concepto de subvenciones a la fundación privada Hospital de Mollet y a Gestió Comarcal Hospitalaria S.A. sin autorización. En 2006 cinco directivos del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) cobraron 63.886 euros en concepto de complementos sin que el Consejo de Administración lo supiese (Informe 22/2008 de la Sindicatura de Comptes).

Xavier Crespo, número 4 de CiU por Gerona, gastaba dinero de la sanidad pública de manera irregular. Los datos aparecen en el “Informe Crespo”, informe larguísimo y denso de leer; Marta Sibina y Albano Dante, editores de la revista CafeAmbLlet —condenados a pagar una multa de 10.000 euros por hacer bien su trabajo— hicieron un excelente resumen y lo publicaron el pasado mes de julio. Os lo recomiendo.

Carles Manté, antiguo gerente del Institut Català de la Salut (ICS), cobró 838.000 euros por unos informes sobre sanidad que nunca han aparecido. Lo que sí “apareció” fue la masía que adquirió en l’Empordà. Josep Prat, asesor de Artur Mas en temas sanitarios, cobraba en secreto un sueldo de 280.000 euros públicos; actualmente está imputado por estafa, apropiación indebida y malversación de fondos públicos.

De nuevo topamos con la Ley Ómnibus, ya que su aprobación ha permitido también que el sector privado participe en la prestación de servicios sociales financiados con recursos públicos. CiU fue pionera en la introducción de diferentes fórmulas de gestión privada con ánimo de lucro en los centros públicos. Se crearon consorcios, fundaciones, sociedades estatales. Hace ahora un año se filtró a la prensa un documento de trabajo, La gobernanza del ICS, en el que se estudiaba trocear la sanidad pública en algo más de veinte empresas públicas que deberían someterse a las leyes del mercado. Los objetivos se centraban en flexibilizar la gestión, generar beneficios, dar entrada al capital privado e incentivar que los trabajadores se reconvirtieran en empresarios del sector. En junio de este mismo año, y con el apoyo de los populares nuevamente, el Parlament aprobó una ley por la que se relajaba el control sobre fundaciones, ley que permite que los patronos de las mismas cobren y cierren operaciones sin autorización pública. Las semillas para un nuevo caso Palau ya están pues plantadas.

Y esto solo es una muestra. Lo que nos debe quedar claro es lo que ya han denunciado numerosos informes de facultativos, enfermeras, médicos y colegios profesionales: la calidad de la asistencia pública en materia de sanidad en Catalunya ya ha sufrido daños considerables. A eso hay que sumar el recargo que están sufriendo numerosos enfermos crónicos y población con recursos limitados a la hora de acudir a una farmacia: el euro sanitario es una realidad desde el pasado verano. Ya estamos viviendo casos de jubilados que se van de la farmacia sin su medicación, o que inician una huelga de medicamentos. Y la llegada del repago lo complicará aún más.

Racionalizando el gasto público en el ámbito educativo

La publicación en el BOE de las medidas tomadas en materia de educación eran las esperadas por muchos, que no deseadas. Desde el aumento de alumnos por aula hasta la reducción del cuerpo docente, y pasando por un incremento de las tasas universitarias, los recortes hacen prever un deterioro de la educación pública, además de dejar patente el carácter ideológico de los mismos. Para empezar, la dificultad que tendrán numerosos estudiantes para poder acceder a unos estudios por no encontrarse en una situación económica favorable, por no decir mínima. Esas medidas, claro, vinieron dictadas por el Ministerio de Educación, pero apoyadas por el gobierno de CiU: junto al PP, se opuso a la interposición de un recurso de inconstitucionalidad a los Reales Decretos de la ley de Sanidad y Educación.

Manifestación en Barcelona por la educación pública, 2012 | SOS ensenyament públic de qualitat | Foto: Mónica Solanas Gracia

Cómo no, nuestra consejera en la materia, Irene Rigau, se puso manos a la obra en la aplicación de las nuevas medidas firmadas por el ministro Wert. Ha reducido 3.700 plazas docentes, en lugar de cubrir las 1.500 que son necesarias para asumir el incremento de 15.600 nuevos alumnos este curso 2012-2013. También ha sido quien ha empuñado la tijera en el recorte del 42% de presupuesto a centros públicos, reduciendo ayudas y becas comedor, mientras la privada sigue recibiendo subvenciones. Las bajas por enfermedad del profesorado implican una reducción del sueldo del 50% durante los tres primeros días y del 75% los siguientes, a pesar de que la baja no se cubre con un profesor sustituto hasta la tercera semana, sustituto que solamente cobrará el 85% del sueldo. Hagamos una lectura necesaria de este punto: menos trabajo para maestros que esperan plaza y menos calidad en la atención a los escolares.

Otras medidas racionalizadoras sorprendentes son, por ejemplo, la supresión de la sexta hora educativa en la mayoría de centros públicos, algo para lo que también se pusieron de acuerdo el Partido Popular y los convergentes. Interesante recordar las declaraciones de la diputada de CiU Neus Munté para justificarlo: «lo que provoca desigualdades en educación no es si un centro es público o privado o las horas de enseñanza, sino los entornos». También la reducción de la aportación que la Generalitat hace a los alumnos de guarderías, pasando de ser de 1.800 euros en 2009 a 875 para el año 2012. Las guarderías privadas son claramente las preferidas por el equipo de Mas: han visto reducidas sus subvenciones en un 10%, frente al recorte del 50% que se ha aplicado a las públicas. Pero no, no es una racionalización ideológica.

Las universidades también han recibido su parte de racionalización. Y os pondré un solo ejemplo: Andreu Mas-Colell, Conseller d’Economia i Coneixement, ha incrementado el importe de las matrículas universitarias un 66%, convirtiendo a Catalunya en el cuarto país europeo con la universidad pública más cara. Pero poco creo que se pueda esperar de unas universidades que, agrupadas bajo el paraguas de la Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP) expresan mediante un comunicado (emitido el pasado mes de octubre) su «voluntad y disponibilidad para contribuir a consolidar e impulsar el posicionamiento del Parlament». En esta ocasión la frase hacía referencia al derecho a decidir del pueblo catalán: no voy a entrar en un jardín de flores, solo quiero destacar las palabras escogidas en el comunicado para dar ese apoyo —la importancia de las palabras— y la desaparición de la expresión “Estado propio” que sí aparecía en el primer borrador pero que desapareció del texto final.

Una última cosa. Quedaos con este dato que publicó el Institut d’Estadística de Catalunya: el gasto en educación del gobierno de CiU no solamente es más bajo que el de la UE, sino que también es inferior al del conjunto de España.

Gobernando para todos los CiUdadanos de Catalunya y otros disPParates

«Con el fin de procurar también una adaptación a los cambiantes escenarios económicos», Artur Mas y su equipo de gobierno han aplicado una serie de medidas —con el apoyo del PP catalán— que, si saben interpretarse, alguna razón coherente deben tener. Una de ellas es la que hace referencia al incremento de las tarifas del transporte público más de un 10%, además de haberse visto mermadas las frecuencias de paso. No quiero pensar que la razón sea la de fomentar el uso del transporte privado.

Manifestación en Barcelona, 13 de octubre de 2012 | Por un transporte público y de calidad | Foto: Mónica Solanas Gracia

CiU no solo dio su apoyo a los populares para aprobar esta reforma laboral (lo que también incluía el despido sin causa alguna, precarizaba el trabajo, taponaba la negociación colectiva), también se puso del lado de estos a la hora de reducir en un 54.4% los presupuestos destinados a formación, lo que puede dar que pensar que a lo peor los parados tienen más dificultades para reciclarse y encontrar un trabajo.

Ironías a parte, está claro que el gobierno de Mas ha aplicado las tijeras en aquellas partidas que más necesitan de todo tipo de apoyos, especialmente los económicos. Un ejemplo es el de las Políticas Activas de Ocupación (PAO). La falta de presupuesto ha supuesto la desaparición de 324 planes de ocupación antes de que empezara el mes de septiembre, además de lo que se prevé para el mes de diciembre: puede que pierdan su empleo más de 300 orientadores, 280 interinos y un centenar de laborales.

La Renta Mínima de Inserción (RMI) también se ha visto reducida a niveles bajísimos. En 2011 había más de 32.000 expedientes, la cifra en el mes de agosto de este año alcanzó los 23.240. Pero Francisco Xavier Mena, conseller de Empresa y Ocupación, y Josep Lluís Cleries, titular de Bienestar Social, quieren que no la perciban más de 18.000 beneficiarios: esto significa que los actuales datos de población que vive en situación de pobreza aumentarán. Y eso que a fecha de hoy una de cada cinco personas vive en el umbral de la pobreza y un 25% de menores están en riesgo de exclusión social.

Además de los populares, Joan Laporta también apoyó la supresión del impuesto de sucesiones, también del de donaciones. El proyecto de Ley fue tramitado sin que hubiese posibilidad de presentar enmiendas. Y todos sabemos a quién beneficia este tipo de políticas.

Las medidas de ahorro tampoco tienen en cuenta a los menores. De los cinco centros de internamiento en régimen cerrado que hay en Catalunya, dos de ellos — Montilivi, en Girona, y Els Til·lers, en Mollet del Vallès—han recibido la orden de cierre desde el Departamento de Justicia de la Generalitat: hay que minimizar gastos, aunque sea a costa de alejar a los chicos de familia y entorno al ser reubicados, aunque sea a costa de desestabilizar el trabajo de reinserción social.

La importancia de la seguridad ciudadana

Felip Puig, el flamante responsable de Interior de la Generalitat y otrora miembro de CDC salpicado por diferentes corruptelas, es quien hoy vela por la seguridad de los ciudadanos de Catalunya. Su definición de la seguridad es la siguiente: «Tiene que haber más miedo al sistema». Sin tener conocimientos suficientes, me atrevo a afirmar sin equivocarme un ápice que es un sociópata. Y además muy peligroso. Citaré algunas de las medidas que ha adoptado en su negociado para cumplir con su cometido.

Cordón de Mossos d’Esquadra a las puertas de la Generalitat de Catalunya por una acción («travesura») de los Iaioflautas, 2012 | Foto: Mónica Solanas Gracia

Nada más acceder al cargo, Felip Puig suprimió el código ético de los Mossos porque «les coacciona, fiscaliza su trabajo», lo mismo que las cámaras instaladas en las comisarias. A pesar de su compromiso por crear uno nuevo con «menos artículos», que se limite a un «tratado de grandes principios», de momento los Mossos se acogen al Comité de Ética europeo. En 2011 también suprimió el Programa de Seguridad contra la Violencia Machista; en marzo de este año anunció que se iba a implementar un programa informático de valoración del riesgo de las potenciales víctimas de violencia machista que no estará plenamente operativo hasta final de año. Desde el pasado enero ya son once las mujeres asesinadas en Catalunya.

El 27 de mayo de 2011, Felip Puig decidió limpiar la plaza Catalunya con todos los ciudadanos que había dentro; según declaraciones del propio Conseller, los Mossos se limitaron a responder a los ataques de los antisistema y los violentos. Pocos días después, el 15 de junio, tuvo lugar el episodio del Parlament, en el que de nuevo se registraron disturbios. El dispositivo policial para la ocasión fue escaso —no fue así con el número de policías infiltrados que se dedicaron a generar violencia—. La Ciudad de la Justicia fue el siguiente escenario de los excesos del cuerpo de antidisturbios, cuando irrumpieron en el recinto para detener a varios ciudadanos que, voluntariamente, fueron a presentarse ante el juez porque la policía les buscaba. El jefe de policía del recinto fue destituido poco después. Las limpiezas de Puig.

En abril de 2012 puso en marcha una página web en la que aparecían fotografías de ciudadanos que él definía como «violentos callejeros», y solicitaba al resto de ciudadanos que aportasen la información de la que dispusieran para lograr su identificación (y posterior caza, por supuesto). Su objetivo último era disuasorio, según los responsables. No duró mucho tiempo: al mes fue descolgada del servidor «porque no hay más vándalos por identificar». Todo esto:

«La página ha recibido críticas de diversos sectores. El Colegio de Abogados de Barcelona y la Asociación Catalana para la Defensa de los Derechos Fundamentales han pedido su cierre. También ha sido denunciada por presunta vulneración del derecho a la propia imagen, de la ley de menores y de la protección de datos por parte de varias personas que figuraban en ella. El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha abierto una investigación de oficio y la fiscalía está estudiando su validez. Jueces para la Democracia fue un poco más allá y denunció que “roza la inconstitucionalidad de forma clarísima”»

No tuvo absolutamente nada que ver. El resultado de su web fue de 113 detenidos y dos universitarios que cumplieron un mes de prisión preventiva: se acercaba la cumbre del Banco Central Europeo en Barcelona y nada podía dejarse al azar.

También este mismo mes de abril colocó a su cuñada, Núria Olivella Busquets, en el Gabinete Jurídico de la Generalitat; casualmente la plaza exigía unos requisitos a los que el perfil de Olivella respondía a la perfección. Al mes siguiente abandonó la plaza: desde Interior dicen que es porque se reincorporó el trabajador que estaba de excedencia y cubría ese puesto; a su vez CCOO había presentado una denuncia ante la Oficina Antifraude de Catalunya. Oficina en peligro de extinción si Mas gana el domingo 25, no lo olvidemos.

El Conseller también planteó el pasado mes de abril restringir el derecho de reunión, además del endurecimiento del Código Penal para que, palabras textuales, «dé más miedo, y lo haré tensando la ley hasta allí donde esté permitido y un poco más»

Lo que hace una bala de goma de los antidisturbios | Foto: Stop bales de goma

El 29 de mayo tuvo lugar la primera huelga general de la legislatura de Rajoy. Hubo disturbios desde el medio día. También mucha policía infiltrada (y cazada) calentando los ánimos de huelguistas y manifestantes. Aquel día se dispararon, otra vez, pelotas de goma y botes de humo; también gas lacrimógeno. Felip Puig ya habló en aquel momento de «proyectos de videovigilancia» en espacios públicos y de «identificaciones preventivas y actuaciones selectivas».

En verano, y con la excusa de los incendios, se inició una campaña de denuncia ciudadana contra aquellos que tiraran colillas. De nuevo se incitaba a los ciudadanos a delatarse entre ellos. En octubre, y apoyando la gran mentira de campaña de Artur Mas —la independencia— Puig afirmó tajante que los Mossos «estarán al servicio de la Generalitat» si se prohíbe una consulta popular; «Los policías son servidores públicos al servicio de la libertad de nuestros ciudadanos y de nuestro país».

El 14 de noviembre fue la última cita de Barcelona con «los violentos»: la segunda jornada de huelga general. Es algo muy reciente y ya lo he citado al inicio, así que solamente voy a regalaros dos de las declaraciones que Puig ha hecho al respecto. En la zona de Paseo de Gracia con Gran Vía no hubo «ninguna actuación ni carga policial, ni lanzamiento de salvas ni de proyectiles» entre las 21.05 y las 21.10h; un Mosso d’Esquadra disparó frontalmente a Ester Quintana una bala de goma y le reventó un ojo. A pesar de lo que dice el Conseller, sí hubo disparos y agresiones indiscriminadas por parte de los Mossos. Felip Puig, una vez más, MIENTE DESCARADAMENTE.

Esta es la primera.

La segunda es un aviso para navegantes. Tomad nota: «A los malos los seguirán persiguiendo los Mossos d’Esquadra».

Y ahora, decidid si queréis seguir con todo esto en el gobierno durante los próximos cuatro años y sed consecuentes.

El domingo 25 y el resto de la legislatura, por supuesto.

Yo seguiré navegando.